Violando la legislación internacional, Estados Unidos busca extraditar y encarcelar a empresarios extranjeros por sortear sus sanciones unilaterales. Los objetivos de Washington incluyen al ciudadano venezolano Alex Saab, el norcoreano Mun Chol Myong, y la ejecutiva china de Huawei Meng Wanzhou.
Por Stansfield Smith
Traducido por Diego Sequera
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Estados Unidos emplea sanciones económicas como arma contra los estados que eligieron un camino hacia el desarrollo, independiente de la dominación global norteamericana. Las sanciones pueden cobrar forma de bloqueo a las transacciones financieras y comerciales de una nación, impidiendo que puedan ser procesadas por las instituciones financieras. Estados Unidos también puede congelar los activos de otro país.
Washington emplea las sanciones como instrumento para desestabilizar gobiernos que rechazan arrastrarse. Las sanciones son un arma de guerra contra los civiles. Richard Nixon lo dejó claro cuando, con la elección del socialista Salvador Allende en el Chile de 1970, el presidente estadounidense le ordenó a la CIA “hacer que la economía chille” para “evitar que Allende alcance el poder o para derrocarlo”.
Las sanciones pueden destruir la economía de un país al provocarle hiperinflación y desempleo mientras se le impide la importación de bienes como comida, medicinas, y equipos para mantener en pie su industria y su infraestructura.
Según las Naciones Unidas, las sanciones estadounidenses son medidas coercitivas unilaterales que violan las leyes internacionales. La Asamblea General de la ONU ha conminado a los estados a desconocer la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, tales como aquellas empleadas por los Estados Unidos. Desde 1992 ha condenado el bloqueo a Cuba; la respuesta de Washington ha sido empeorarlo. Los 120 miembros del Movimiento de los No-Alineados condenaron las sanciones a Venezuela.
Esta influencia global posibilita que los Estados Unidos bloqueen transferencias monetarias incluso para la transacción más pequeña posible, y confiscar miles de millones de dólares propiedad de gobiernos e individuos. Al controlar el sistema financiero internacional, Washington puede exigir que los bancos de otros países acepten las restricciones estadounidenses, o de lo contrario enfrentar sanciones ellos mismos.
Según Naciones Unidas, no obstante, las sanciones estadounidenses son medidas coercitivas unilaterales que violan la legislación internacional. La Carta de la ONU –de la que Estados Unidos jugó un papel fundamental en su redacción– claramente manifiesta que sólo pueden ser consideradas legales aquellas sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad. Las sanciones impuestas por un país a otro son ilegales.
De forma repetitiva la Asamblea General ha llamado a sus estados miembros a no reconocer o aplicar medidas coercitivas unilaterales, como las empleadas por Washington.
Pero aún así, el gobierno de los Estados Unidos continúa libremente desdeñando a la ONU y su Consejo de Seguridad al imponerle sanciones unilaterales a una variedad de países, de forma más severa contra Irán, Siria, Cuba, Corea del Norte, Sudán y Venezuela.
Las sanciones contribuyeron con 40 mil muertes en Venezuela apenas entre 2017 y 2018, así como a la muerte de 4 mil norcoreanos en 2018, en su mayoría niños y mujeres embarazadas. En los 90, las sanciones contra Irak llevaron a tanto como 880 mil muertes infantiles de niños por debajo de cinco por enfermedades y desnutrición.
Incluso Washington, descaradamente, amenazó con sancionar a jueces de la Corte Penal Internacional si se atrevían a investigar crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán. El Consejero de Seguridad Nacional John Bolton los amedrentó, diciendo: “Le vetaremos la entrada a los Estados Unidos a sus jueces y fiscales. Sancionaremos sus fondos en el sistema financiero estadounidense, y los demandaremos en el sistema penal de los Estados Unidos… Le haremos lo mismo a cualquier compañía o estado que asista en una investigación de la CPI a los estadounidenses”.
Esto resultó ser más que una amenaza sin contenido: al final la administración Trump le estampó sanciones a la CPI y sus empleados.
En 2020 y 2021, el gobierno de los Estados Unidos llevó sus medidas coercitivas unilaterales a un nivel aún más amenazante al acusar e intentar extraditar a empresarios extranjeros que han cumplido con la legislación internacional, en vez de los dictámenes económicos de Washington.
Alex Saab, un ciudadano venezolano; Mun Chol Myong, un empresario norcoreano; y Meng Wanzhou, del gigante tecnológico chino Huawei, cada uno de ellos fue acusado de violar las sanciones ilegales de Washington, a pesar de que ninguno es ciudadano estadounidense que viven y hacen negocios fuera de los Estados Unidos. Los tres están siendo perseguidos políticamente por actuar de acuerdo a los intereses de sus propios países, y no de los de Estados Unidos.
El caso del enviado especial venezolano Alex Saab
La administración Obama justificó sanciones unilaterales contra Venezuela en 2015 con las acusaciones sin base de que Venezuela es “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional” de los Estados Unidos. Como señaló Reuters en ese momento, “declarar a cualquier país como amenaza a la seguridad nacional es el primer paso para iniciar el programa de sanciones de los Estados Unidos”.
Alex Saab, un empresario venezolano nacido en Colombia, fue designado enviado especial de la República Bolivariana de Venezuela. Su trabajo consistía en ayudar al gobierno a comprar comida para su programa social CLAP, que provee de cajas de comida y bienes sanitarios a aproximadamente 80 por ciento de la población, ayudándoles a mantenerse con vida bajo el ataque económico estadounidense.
El papel de Saab significa que debería tener inmunidad diplomática bajo la legislación internacional. Pero Washington ha ignorado todos los protocolos internacionales al convertirlo en objetivo.
Saab estaba en vía a Irán para adquirir alimentos básicos, medicamentos y equipos médicos que necesitaba el pueblo de Venezuela cuando, el 12 de junio de 2020, fue detenido –en efecto, secuestrado– durante una escala en Cabo Verde, debido a la solicitud de extradición de Washington.
Desde entonces, Saab ha permanecido detenido, primero en prisión y luego bajo arresto domiciliario. Dice que su “detención ilegal es en su totalidad políticamente motivada”.
Estados Unidos acusó a Saab de “lavado de dinero”. Sin embargo, en su caso y en los de los otros dos extranjeros convertidos en blancos de Washington, lavado de dinero significa nada más que realizar transacciones comerciales internacionales, que por lo general pasan por el sistema financiero SWIFT, controlado por Estados Unidos, por el que se realizan todas las transacciones en dólares, que sortea las sanciones unilaterales de la Casa Blanca.
Debido a su control sobre el sistema financiero internacional, Estados Unidos puede imponerle sanciones al comercio que lleve a cabo cualquier país con naciones que Washington sanciona o bloquea, como Cuba, Venezuela, Irán, Nicaragua o Rusia. “Lavado de dinero” es la acusación que emplea la Casa Blanca para reforzar sus medidas coercitivas unilaterales al resto del mundo.
En una entrevista en abril de este año, Saab le explicó a un medio colombiano: “He trabajado desde 2015 para asegurar el suministro de alimentos básicos, medicinas y otros elementos para el programa de bienestar social del gobierno venezolano (CLAP). Desde abril de 2018 he estado trabajando como funcionario del estado, como enviado especial y no como un empresario privado”.
“Por siete meses… desde el primer día de mi secuestro, fui torturado y presionado para que firmara declaraciones de extradición voluntaria y brindar falso testimonio contra mi gobierno”, recordó Saab. Se negó, manifestando que “el presidente Maduro ha demostrado un liderazgo increíble frente a sanciones y trampas políticas sin precedentes de los Estados Unidos. Estoy honrado de haber podido asistir al presidente Maduro de la forma que pueda, mientras busca asegurar el bienestar del pueblo de Venezuela”.
En la cárcel, Saab dice haber sido mantenido a oscuras 23 horas al día, “durmiendo sobre el piso de concreto”. Esto le provocó perder parcialmente la vista.
“Se me prohibió hablar con alguien dentro de la prisión, y todo el mundo tenía prohibido hablar conmigo”, agregó Saab. “He perdido 25 kilos”.
Suiza investigó las acusaciones de lavado contra Saab mediante bancos suizos. Pero, luego de una investigación de dos años, el 25 de marzo de este año sus tribunales cerraron su investigación, determinando que no existía evidencia de que Saab haya cometido alguna irregularidad.
Poco después del alegato suizo, el 31 de marzo, el Departamento de Tesoro retiró las sanciones que el presidente Trump había emitido a un grupo de compañías presuntamente vinculadas a Alex Saab.
Mientras que las autoridades caboverdeanas aprobaron la extradición de Saab a los Estados Unidos, la Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) declaró ilegal su detención, estipulando que no podía ser extraditado.
La Asociación de Abogados de África también descartó que el enviado diplomático venezolano no debía estar encarcelado. Aún así, el gobierno de los Estados Unidos, dándole continuidad a la política de la administración Trump bajo el presidente Biden, le ha exigido a Cabo Verde mantener a Saab bajo arresto domiciliario, a la espera de la extradición.
El caso del empresario norcoreano Mun Chol Myong
Por primera vez en la historia, el 20 de marzo de 2021, un empresario norcoreano fue extraditado de Malasia a los Estados Unidos. Mun Chol Myong enfrenta cargos de “lavado de dinero”, “conspiración”, y suministro de bienes a Corea del Norte, en violación de la ley norteamericana.
Mun fue arrestado en Malasia en mayo de 2019, poco después de que un juez federal de Washington DC emitiera una orden de detención en su contra. Pasó casi dos años luchando contra la extradición, alegando que su caso era motivado políticamente y estaba siendo usado como ventaja en posibles negociaciones nucleares entre Estados Unidos y Norcorea.
Su verdadero crimen, a la vista del gobierno estadounidense, fue proveer de bienes que Corea del Norte necesitaba de una manera en que esquivara las sanciones de Washington y de Naciones Unidas, instigadas por Estados Unidos. Las autoridades gubernamentales norteamericanas, desde el 22 de marzo de este año, no han señalado cuáles bienes se dice que Mun ha exportado a su país.
Una acusación emitida por una corte distrital del Distrito de Columbia alega que Mun y sus “co-conspiradores” anónimos usaron compañías “fachada” y cuentas bancarias registradas con nombres falsos a nombre de entidades norcoreanas que fueron vetadas del sistema SWIFT. Según el FBI, al ocultar transacciones que beneficiaron a Corea del Norte, Mun engañó a las instituciones financieras norteamericanas para que procesaran más de 1.5 millones de dólares en transacciones que de otra manera no podían haber procesado.
El fiscal general adjunto para la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, John C. Demers, alegó que Mun “es el primer operador de inteligencia norcoreano –y el segundo operador de inteligencia extranjero en la historia– que ha sido extraditado a los Estados Unidos por violar nuestras leyes”. Ignorando la legislación internacional, Washington considera a los diplomáticos norcoreanos y a los empresarios internacionales como “operadores de inteligencia”.
En otras palabras, el Departamento de Justicia está esgrimiendo públicamente que extranjeros que nunca han estado o han trabajado en los Estados Unidos pueden ser extraditados por violar “nuestras leyes”.
Demers pasó a señalar sin fundamentos que los bienes que Mun exportó a Corea del Norte eran una amenaza a la seguridad nacional del pueblo estadounidense, insistiendo que “continuaremos usando el largo alcance de nuestras leyes para proteger al pueblo norteamericano de la evasión de sanciones y otras amenazas a la seguridad nacional”.
En la nota de prensa del Departamento de Justicia, el director adjunto de la División de Contrainteligencia del FBI, Alan E. Kohler Jr., de froma siniestra agregó que “esperamos que sea el primero de muchos”.
El gobierno norteamericano ha ejecutado sanciones, que ascienden un bloqueo de facto contra Corea del Norte desde 1950, en los comienzos de la guerra de Corea. Estas sanciones fueron diseñadas para cortar al país del comercio internacional y fracturar su desarrollo económico y social.
Estados Unidos sostiene que las sanciones de hoy en día fueron ejecutadas a causa del programa de armamento nuclear de Pyongyang, siendo un programa legal llevado a cabo por un país amenazado por las propias armas nucleares de los Estados Unidos.
El encargado de negocios de Corea del Norte en Malasia, Kim Yu Song, condenó la extradición de Mun de “un crimen imperdonable”, declarando que era el producto del programa de sanciones dirigido por Estados Unidos “el cual busca privar a nuestro Estado de su soberanía, existencia pacífica y desarrollo” y está “aislando y asfixiando” a la República Popular Democrática de Corea (RPDC).
La RPDC protestó por la extradición de su ciudadano suspendiendo lazos diplomáticos con Malasia.
El caso de la ejecutiva de Huawei Meng Wanzhou
El caso más infame de extradición de los tres es el de Meng Wanzhou, jefa financiera y vicepresidenta de la junta directiva del gigante tecnológico chino Huawei.
Meng enfrenta acusaciones de fraude por supuestamente engañar a HSBC, un banco británico, sobre los negocios de Huawei con Irán, provocando que el banco incumpliera las sanciones unilaterales contra la República Islámica de Irán.
El 22 de agosto de 2018, un tribunal distrital de la ciudad de Nueva York emitió una orden de arresto para Meng. La Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) la arrestó en la ciudad de Vancouver el 1 de diciembre de 2018, a solicitud de los Estados Unidos.
Meng has now been under house arrest for almost two and half years. The Chinese government has said the detention is “lawless, reasonless and ruthless, and it is extremely vicious.”
Meng ha permanecido en arresto domiciliario por casi dos años y medio. El gobierno chino ha dihco que la detención es “ilegal, irracional, despiadada y extremadamente viciada”.
La administración Trump se apoyó en dos artículos de Reuters de 2012 y 2013 para acusa a Huawei de violar las sanciones unilaterales de los Estados Unidos a Irán.
Washington le impuso sanciones a Irán luego de su revolución en 1979. Las actuales sanciones alegan ser en respuesta al programa nuclear iraní, a pesar de que no existen pruebas de que el país esté desarrollando armamento nuclear.
Igual que el caso norcoreano, es importante destacar que el único país que efectivamente ha usado armas nucleares contra la población civil sanciona a otros países por supuestamente desarrollarlas.
Todas las medidas coercitivas contra Irán aprobadas por la ONU terminaron con el acuerdo nuclear internacional, o el JCPOA (por sus siglas en inglés) de 2015, confirmando la Agencia Internacional para la Energía Atómica que Teherán estaba en cumplimiento del acuerdo.
Las sanciones unilaterales de los Estados Unidos a Irá fueron impuestas sin ninguna base legal, y la justificación de Washington para extraditar a Meng por lo tanto violan la legislación internacional, porque las sanciones que supuestamente fueron esquivadas por la ejecutiva de Huawei son ilegales según el Consejo de Seguridad de la ONU.
In an article explaining the Meng Wanzhou extradition case, political analyst K J Noh provided further context:
En un artículo que explica el caso de extradición de Meng Wanzhou, el analista político K J Noh ofreció más contexto:
La mayoría de las personas entienden que Meng no es culpable de nada más que ser la hija de Ren Zeng Fei, el fundador de Huawei.
Huawei, como un centro de poder tecnológico global, representa al poder y a la audacia (prowess) técnica china, por la que Estados Unidos está obsesionado en destruir. Meng fue secuestrada y utilizada como un peón, una rehén para ejercer presión a Huawei y el gobierno chino, y para frenar el desarrollo de China.
En una maniobra que recuerda a la guerra medieval o colonial, Estados Unidos ha ofrecido explícitamente su liberación si China capitula en un acuerdo comercial, dejando claro de que está siendo retenida como rehén. Esto constituye una violación de la Convención de Rehenes de Naciones Unidas.
Ante la corte, la defensa de Meng argumentó que el gobierno estadounidense deliberadamente presentó evidencias falsas y retuvo evidencias reales ante un tribunal canadiense. Sus abogados dijeron que la administración Trump la estaba usando como “ficha de negociación”.
La defensa de Meng negó la jurisdicción de Washington para acusar a una ciudadana china por sus actividades fuera de territorio estadounidense. “No existe ninguna conexión… nada de la supuesta conducta de Meng ocurrió ni total ni parcialmente en los Estados Unidos. Ni tuvieron ningún efecto ahí”, declararon sus abogados.
También es muy inusual que Washington persiga acusaciones criminales por violación de sanciones contra un individuo en vez de una institución. Donde una ejecutiva está llevando a cabo una política corporativa, se esperaría que las individualidades no sean acusadas, y en su lugar, que las corporaciones fueran multadas.
Como señaló el economista Jeffery Sachs:
En 2011, por ejemplo, JP Morgan Chase pagó 88.3 millones de dólares en multas en 2011 por violar las sanciones estadounidenses contra Cuba, Irán y Sudán. Pero Jamie Dimon nunca fue sacado de un avión y conducido rápidamente a prisión.
Y difícilmente JP Morgan Chase sea el único que haya violado las sanciones de los Estados Unidos. Desde 2010, las siguientes instituciones financieras de gran calado han pagado multas por violar sanciones norteamericanas: Banco do Brasil, Bank of America, Bank of Guam, Bank of Moscow, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays, BNP Paribas, Clearstream Banking, Commerzbank, Compass, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, ING, Intesa Sanpaolo, JP Morgan Chase, National Bank of Abu Dhabi, National Bank of Pakistan, PayPal, RBS (ABN Amro), Société Générale, Toronto-Dominion Bank, Trans-Pacific National Bank (now known as Beacon Business Bank), Standard Chartered, y Wells Fargo.
Ninguno de los directores ejecutivos o financieros de estos bancos que incumplen las sanciones fueron arrestados y conducido a prisión por estas violaciones. En todos estos casos, la corporación –en vez de un gerente individual– fueron hechas responsables.
La probabilidad de que Saab, Mun o Meng recibirían un juicio extremadamente politizado, tan “justo” el de los 5 de Cuba o Simón Trinidad.
Estos son casos políticos, disfrazados de penales. El “crimen” es la violación de sanciones estadounidenses –ilegales según las Naciones Unidas – a ciudadanos no-estadounidenses viviendo fuera de los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos está aleardeando de la legislación internacional al acusar a estos tres individuos por negocios legales entre naciones que violan las medidas coercitivas ilegales de los Estados Unidos. Los tres representan los intereses de gobiernos que Washington busca destruir, y las detenciones de los tres son el equivalente de una situación de rehenes.
Estos casos le abren la puerta a los Estados Unidos para acusar y extraditar a cualquier persona en el mundo, con acusaciones sin fundamento de “crimen organizado, lavado de dinero, o financiamiento de terrorismo” si se llegan a involucrar en actividades comerciales internacionales perfectamente legales que el gobierno de los Estados Unidos declare que están violando sus sanciones unilaterales.
